La ley CLARITY para criptomonedas está en peligro: Galaxy Digital reduce a 30% las probabilidades de aprobación en el Senado
El proyecto de ley que definiría las reglas del juego para los mercados de criptomonedas en Estados Unidos está atravesando su momento más crítico. La llamada ley CLARITY —que busca establecer un marco regulatorio claro sobre qué activos digitales deben ser supervisados por la SEC y cuáles por la CFTC— enfrenta un escenario cada vez más complicado en el Senado, con el calendario en su contra y una disputa política que amenaza con enterrar el texto antes de que llegue a votación.
Cuatro días para salvar la legislación
Galaxy Digital, una de las firmas de inversión en criptomonedas más influyentes de Wall Street, advirtió a sus clientes que el Senado tiene apenas cuatro jornadas legislativas efectivas para alcanzar un acuerdo que permita avanzar con la ley. Según los analistas de la firma, si no se logra un entendimiento antes del 30 de julio, el proyecto quedaría prácticamente descartado para lo que resta del año. Con ese plazo en mente, Galaxy recortó sus estimaciones de aprobación del 50% al 30%, una caída significativa que refleja el pesimismo creciente entre quienes siguen de cerca el proceso legislativo.
El problema no es solo la falta de tiempo. El receso de agosto del Congreso estadounidense se acerca y, una vez que los legisladores abandonen Washington, retomar negociaciones complejas se vuelve exponencialmente más difícil. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ya reconoció en privado que es poco probable que la cámara logre procesar el proyecto antes de ese corte.
Una pelea política detrás de la regulación
La principal piedra en el camino no es técnica sino política. Un grupo de siete senadores demócratas que participan en las negociaciones rechazó la versión más reciente del texto por considerar que no incluye garantías éticas suficientes ni protecciones adecuadas para los consumidores. En particular, los demócratas han exigido incorporar disposiciones que impidan que funcionarios públicos en ejercicio —incluyendo al presidente y miembros del Congreso— puedan beneficiarse económicamente de activos digitales mientras tienen influencia sobre su regulación.
Esta exigencia no es menor en el contexto actual. La familia Trump ha estado públicamente vinculada a varios proyectos de criptomonedas, incluyendo una stablecoin y una plataforma de finanzas descentralizadas, lo que ha convertido el debate ético en un punto de tensión especialmente sensible para los legisladores de oposición. Los republicanos, por su parte, consideran que estas cláusulas son innecesarias o van demasiado lejos, y hasta ahora no han cedido en ese frente.
La industria presiona, pero el reloj corre
Mientras el debate político se estanca, la industria cripto no se queda quieta. Fidelity, uno de los gestores de activos más grandes del mundo y un actor cada vez más comprometido con el ecosistema digital —ofrece fondos de Bitcoin y Ethereum y ha solicitado ETFs adicionales—, se sumó formalmente al llamado para que el Senado apruebe la ley. La compañía se unió así a una coalición de organizaciones del sector que llevan semanas presionando a los legisladores para que cierren un acuerdo.
La urgencia del sector es comprensible. La ley CLARITY representaría el primer marco regulatorio integral para los mercados de criptomonedas en Estados Unidos, un país que hasta ahora ha operado bajo una ambigüedad legal que ha derivado en años de disputas entre empresas del sector y reguladores como la SEC bajo la gestión de Gary Gensler. Una definición clara sobre qué es un valor y qué es una materia prima en el mundo cripto tendría un impacto enorme en cómo operan los exchanges, los emisores de tokens y los inversores institucionales.
¿Qué pasa si no se aprueba este año?
Si la ley no logra avanzar antes del receso de agosto, las posibilidades de que sea aprobada antes de las elecciones de medio término de 2026 se reducen drásticamente. Los años electorales tienden a paralizar la agenda legislativa, y un proyecto tan técnico y políticamente sensible como este difícilmente encontraría espacio en ese contexto.
Para la industria cripto, que lleva años reclamando certeza jurídica en el mercado más grande del mundo, cada mes de demora tiene un costo real: proyectos que se desarrollan en otras jurisdicciones, capital institucional que espera en la orilla y empresas que operan en una zona gris que puede convertirse en multas millonarias de un día para otro. El tiempo, por ahora, no está de su lado.