Co-Fundadores de Hashflare enfrentan contradicción legal: “Nos piden deportarnos, pero no podemos salir”
Tras declararse culpables de un fraude millonario, los fundadores de Hashflare enfrentan una insólita paradoja legal: el DHS les ordena abandonar EE. UU., pero el juez les prohíbe salir.
🧑⚖️ ¿Autodeportación o detención? El caso insólito de los fundadores de Hashflare
Sergei Potapenko e Ivan Turogin, cofundadores del servicio de minería de criptomonedas Hashflare, se encuentran atrapados en un limbo legal. Tras declararse culpables de fraude electrónico por más de 550 millones de dólares, ahora se enfrentan a una extraña contradicción entre la orden judicial de permanecer en Washington y una carta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que les exige «deportarse inmediatamente».
La situación ha generado un dilema jurídico inédito: ¿cómo cumplir con la ley si dos entidades del gobierno exigen lo contrario?
📨 DHS vs. Tribunal Federal: órdenes contradictorias
El abogado defensor Mark Bini, de la firma Reed Smith, reveló que tanto Potapenko como Turogin recibieron correos del DHS con la instrucción de abandonar inmediatamente EE. UU. Esto contradice su libertad bajo fianza, que exige que permanezcan en el área de Seattle hasta su sentencia, prevista para el 14 de agosto de 2025.
“Nunca había visto algo así: dos ramas del gobierno diciendo cosas opuestas”, afirmó Bini.
Los acusados ahora portan cartas oficiales que aplazan su deportación por un año, para evitar una detención errónea.
🏦 Un fraude masivo… con reembolsos
Entre 2015 y 2019, los fundadores de Hashflare orquestaron un esquema fraudulento que afectó a miles de usuarios. Además, recaudaron 25 millones de dólares para un supuesto banco digital, Polybius, que jamás se concretó.
A pesar de todo, la defensa argumenta que 400 millones de dólares en criptomonedas ya fueron devueltos, y los acusados renunciaron a sus derechos sobre activos congelados por el gobierno desde 2022.
🌍 El deseo de ser deportados
En una vuelta de tuerca inusual, la defensa está pidiendo al tribunal que permita a sus clientes regresar voluntariamente a Estonia, donde reside su familia.
“Queremos que se deporten. Son estonios. No hay daño financiero actual. Queremos cerrar este capítulo”, declaró Bini.
El caso ha reavivado el debate sobre la coordinación interinstitucional en procesos que involucran crímenes financieros y criptomonedas.