Rusia endurece su postura contra el cripto: detiene al fundador de BitRiver y emite orden de arresto contra Pavel Durov
En menos de 48 horas, Rusia protagonizó dos movimientos que sacudieron al ecosistema cripto internacional: la detención preventiva del fundador de la mayor empresa de minería de criptomonedas del país y la emisión de una orden de arresto internacional contra el creador de Telegram. Ambos casos apuntan a una postura cada vez más agresiva de las autoridades rusas frente a figuras clave del mundo digital.
El fundador de BitRiver, tras las rejas
Igor Runets, quien fundó y dirigió BitRiver, la compañía de minería de criptomonedas más grande de Rusia, fue trasladado desde arresto domiciliario a una instalación de detención preventiva por orden del Tribunal del Distrito Zamoskvoretsky de Moscú. La medida, dictada el 29 de julio, implica que Runets permanecerá privado de libertad por al menos dos meses mientras avanza la investigación en su contra.
Las autoridades rusas acusan al empresario de haber incumplido un contrato con En+, un conglomerado industrial con intereses en energía y aluminio, lo que habría generado pérdidas por alrededor de 12,5 millones de dólares. Según los fiscales, Runets no entregó los servicios pactados bajo ese acuerdo, configurando así un presunto fraude.
El endurecimiento de la medida cautelar —pasar de casa por cárcel a prisión preventiva— respondió, según trascendidos judiciales, a preocupaciones de los investigadores sobre una posible interferencia con testigos del caso. La defensa de Runets no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento.
BitRiver es una empresa relevante en el mapa global de la minería de Bitcoin. Opera centros de datos de gran escala en Siberia, aprovechando la energía hidroeléctrica abundante y los climas fríos de la región para reducir costos operativos. En 2022, el gobierno de Estados Unidos la incluyó en su lista de sanciones como parte de las medidas adoptadas tras la invasión rusa a Ucrania, alegando que la compañía ayudaba a Rusia a evadir restricciones económicas. Desde entonces, la empresa ha operado en un entorno de creciente presión internacional.
Orden de arresto internacional contra Pavel Durov
En paralelo, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) confirmó que existe una orden de arresto internacional activa contra Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, por cargos vinculados a terrorismo. Específicamente, las autoridades rusas lo acusan de facilitar actividades terroristas a través de la plataforma de mensajería que creó.
Durov, quien nació en Rusia pero lleva años viviendo fuera del país y posee la ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos y Francia, ha mantenido desde hace tiempo una relación tensa con el Kremlin. Su negativa a entregar datos de usuarios a las autoridades rusas fue el detonante que lo llevó a exiliarse y, eventualmente, a vender su red social VKontakte —el equivalente ruso de Facebook— antes de relanzarse con Telegram como proyecto global.
Este anuncio del FSB se produce mientras Durov enfrenta, de manera independiente, un proceso judicial abierto en Francia. En agosto de 2024, fue detenido en el aeropuerto de París y posteriormente quedó bajo investigación formal por cargos que incluyen complicidad en distribución de contenido ilegal, tráfico de drogas y crimen organizado, entre otros. Aunque fue liberado bajo fianza, el caso francés continúa abierto.
La coincidencia de una causa en Francia y ahora una orden rusa por cargos de terrorismo coloca a Durov en una situación legal extraordinariamente compleja. Telegram, con más de 900 millones de usuarios activos en todo el mundo, ha sido señalada repetidamente por distintos gobiernos como un canal utilizado por grupos extremistas, aunque la empresa argumenta que aplica políticas de moderación acordes con los estándares internacionales.
Un patrón que preocupa al sector
Analistas del sector observan que estos dos casos, aunque distintos en su naturaleza, reflejan un patrón: Rusia estrecha el cerco sobre empresarios y tecnólogos vinculados al espacio cripto y digital que operan fuera del control directo del Estado. Para muchos actores del ecosistema, la señal es clara: el margen de maniobra para quienes manejan infraestructura sensible —ya sea de minería o de comunicaciones— se reduce aceleradamente dentro de la órbita de influencia rusa.
Los desarrollos en ambos casos serán seguidos de cerca por inversores, reguladores y usuarios de todo el mundo en las próximas semanas.