Ley CLARITY: demócratas rechazan el nuevo borrador y advierten que las restricciones a Trump en cripto expiran en 2029
El Senado de Estados Unidos dio un paso más en su intento por regular el mercado de criptomonedas, pero el camino sigue lleno de obstáculos. La semana comenzó con la publicación de un nuevo borrador de la denominada Ley de Claridad para la Innovación Digital y la Tecnología (CLARITY), el proyecto de ley de estructura de mercado cripto más ambicioso que ha circulado hasta ahora en el Congreso estadounidense. Sin embargo, en lugar de acercar posturas, el texto renovó las tensiones entre republicanos y demócratas, y volvió a colocar en el centro del debate un nombre incómodo: Donald Trump.
¿Qué propone el nuevo borrador?
La propuesta legislativa busca establecer un marco regulatorio claro para los activos digitales en Estados Unidos, definiendo qué tokens califican como valores o commodities, qué plataformas deben registrarse ante la SEC o la CFTC, y cómo deben protegerse los usuarios. Entre las novedades del borrador más reciente, se incluyen protecciones explícitas para los desarrolladores de software que no custodian fondos de terceros, una distinción importante para el ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Pero el punto que más revuelo ha generado es el capítulo de ética gubernamental. El texto prohíbe a funcionarios públicos en ejercicio, así como a sus cónyuges, emitir o patrocinar tokens de criptomonedas. Según la senadora Cynthia Lummis, una de las principales impulsoras del proyecto, esta restricción aplicaría incluso a las actividades cripto del presidente en funciones, lo que en el contexto actual apunta directamente a los negocios de Donald Trump en el sector, que incluyen su propia colección de memecoins y participaciones en proyectos de activos digitales.
El problema: la restricción vence en 2029
Aquí está el nudo del conflicto. La prohibición ética contemplada en el borrador tiene una fecha de vencimiento: finales de 2029. Para los demócratas, eso equivale a una protección cosmética. Si Trump gana un segundo mandato que concluye en enero de 2029, la restricción lo cubriría apenas durante su presidencia, y el mecanismo de cumplimiento recaería exclusivamente en el Departamento de Justicia, sin una agencia reguladora independiente que supervise activamente.
Siete senadores demócratas firmaron una declaración conjunta rechazando el borrador. Sus objeciones van más allá de las fechas: señalan que el texto es insuficiente en materia de protección al consumidor y que no cierra las puertas a prácticas que podrían facilitar el lavado de dinero u otras actividades ilícitas. Para este grupo, el proyecto republicano luce más como una victoria política para la industria cripto que como una regulación equilibrada.
Republicanos defienden el texto y la industria lo celebra
Desde el lado republicano, la narrativa es diferente. Los promotores del proyecto aseguran que las disposiciones éticas incluidas son las más estrictas que jamás se hayan propuesto a nivel federal para el mundo cripto, y que el borrador representa un avance histórico en términos de certeza jurídica para empresas e inversores. La industria de activos digitales, que ha presionado durante años por una ley de este tipo, recibió el texto con entusiasmo. Asociaciones del sector y grandes plataformas de intercambio han respaldado públicamente el avance del proyecto.
La senadora Lummis reconoció que todavía hay puntos por afinar, particularmente en el apartado ético, y se mostró abierta a continuar las negociaciones. Sin embargo, los tiempos legislativos apremian, y conseguir los votos necesarios para avanzar en el Senado requerirá al menos cierto apoyo demócrata.
Un debate que va más allá de la regulación
Lo que está en juego con la Ley CLARITY no es solo la estructura del mercado cripto estadounidense, sino también quién controla la narrativa sobre la relación entre el poder político y las criptomonedas. El hecho de que Trump haya convertido los activos digitales en parte de su marca personal —y que su familia tenga intereses económicos directos en el sector— hace que cualquier legislación al respecto tenga una carga política inevitable.
Para los inversores y participantes del mercado, la aprobación de una ley de este tipo representaría un punto de inflexión: por primera vez, habría reglas claras en la mayor economía del mundo sobre cómo operar con criptomonedas de forma legal. Pero mientras demócratas y republicanos no acuerden los límites éticos del juego, ese momento seguirá postergándose.