El mundo regula las criptomonedas: MiCA entra en vigor, el Reino Unido y Taiwan también avanzan con sus propias leyes
El 1 de julio de 2025 quedará marcado en la historia del sector cripto como una fecha bisagra. Ese día venció el último plazo de transición del reglamento europeo MiCA (Markets in Crypto-Assets), lo que significa que cualquier exchange o proveedor de servicios de criptoactivos que quiera operar legalmente dentro de la Unión Europea debe contar, desde ese momento, con una licencia oficial. No es el único movimiento regulatorio de la semana: Reino Unido, Taiwan y Australia también dieron pasos significativos hacia la formalización del mercado. El mensaje global es claro: la era del «todo vale» en las criptomonedas está llegando a su fin.
MiCA: Europa cierra la puerta a los exchanges sin licencia
Con el vencimiento del período transitorio, las plataformas que operaban en Europa bajo regímenes nacionales provisionales o directamente sin autorización ya no tienen derecho legal a captar nuevos clientes en la región. La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) dejó en claro antes del plazo que los exchanges no autorizados debían dejar de abrir cuentas y de incorporar nuevos usuarios de inmediato.
El debate dentro del sector no es si la regulación llegó para quedarse —eso ya nadie lo discute—, sino quién sale ganando con estas reglas. Las empresas más grandes, con recursos para cumplir con los costosos requisitos de licenciamiento, tienen una ventaja estructural evidente frente a startups y proyectos más pequeños que difícilmente pueden afrontar el proceso. Críticos del reglamento señalan que MiCA, en la práctica, podría consolidar el mercado en manos de los grandes actores y reducir la competencia.
Otro flanco débil que han señalado expertos del sector es el mercado de derivados cripto. MiCA no fue diseñado para regular los contratos perpetuos y otros instrumentos derivados, un segmento que mueve volúmenes enormes y que queda fuera del alcance de la normativa actual. Esto deja abierta una ventana de riesgo considerable que los reguladores europeos tendrán que atender en futuras revisiones.
De hecho, la propia Comisión Europea ya está evaluando si el reglamento necesita actualizaciones para adaptarse a la evolución del mercado, especialmente en lo relacionado con las stablecoins y la tokenización de activos del mundo real. MiCA tiene apenas unos meses de vigencia plena y ya se habla de su primera revisión.
El caso más llamativo dentro de la UE es el de Polonia. El presidente Karol Nawrocki se negó a firmar la legislación nacional que otorga al regulador local la autoridad para aprobar licencias MiCA. Esto deja a las empresas cripto polacas en un limbo legal: no pueden obtener su licencia en su propio país y se ven forzadas a buscar autorización en otras naciones del bloque para poder operar.
Reino Unido y Taiwan se suman a la ola regulatoria
Mientras Europa digiere su nuevo marco normativo, otros países avanzan a su propio ritmo. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido publicó su reglamento definitivo para empresas de criptoactivos, un documento que establece las condiciones bajo las cuales las plataformas podrán operar cuando el régimen obligatorio entre en vigor a finales de 2027. El objetivo declarado del gobierno británico es convertir al país en un hub global de criptomonedas, aprovechando precisamente el espacio que dejó el Brexit para diseñar reglas propias.
En Asia, Taiwan aprobó una ley integral que por primera vez coloca a las empresas de activos virtuales bajo la supervisión de su Comisión de Supervisión Financiera (FSC). La normativa taiwanesa incluye requisitos de licenciamiento, además de reglas específicas para las stablecoins: los emisores deberán mantener reservas y fideicomisos que respalden sus tokens. Es un enfoque similar, en espíritu, al que adoptó Europa con MiCA.
Por su parte, Australia también activó desde el 1 de julio nuevas exigencias a través de su organismo antilavado AUSTRAC: a partir de ahora, los exchanges deberán verificar la identidad de los usuarios antes de procesar retiros o transferencias de criptomonedas, una medida orientada a combatir el uso de estas redes para mover fondos de origen ilícito.
Un nuevo equilibrio global
Lo que está ocurriendo esta semana no es una coincidencia. Gobiernos y reguladores en distintas latitudes llevan años coordinando criterios, aprendiendo de experiencias ajenas y presionados por episodios como el colapso de FTX en 2022, que dejó en evidencia los riesgos de operar en un mercado sin supervisión. El resultado es una convergencia regulatoria que, aunque imperfecta y con velocidades distintas según el país, apunta en una misma dirección: más transparencia, más protección al usuario y más rendición de cuentas para las empresas del sector.
Para los usuarios, el cambio más inmediato será notar que algunas plataformas a las que estaban acostumbrados podrían dejar de estar disponibles o requerir nuevos trámites de verificación. Para la industria, el desafío es adaptarse sin perder la agilidad e innovación que caracterizan al ecosistema cripto. El equilibrio entre ambos objetivos será la prueba de fuego de esta nueva era regulatoria.